A causa de la emergencia económica, social, y ecológica declarada en Colombia el año 2020, a raíz de la pandemia por covid-19, el Gobierno de ese entonces, presidido por Iván Duque, aprobó el Decreto 558, el cual le daba 'luz verde' a las empresas a reducir los aportes a pensiones de sus empleados durante los meses de abril y mayo.
No obstante, este decreto fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional, al argumentar que iba en contra de los derechos laborales fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.
Como efecto de esta decisión, los aportes no realizados durante el mencionado periodo deberán ser cubiertos por los empleadores. De lo contrario, podrían enfrentar sanciones o asumir intereses por mora.
Frente a esto, se creó el Decreto 376, que resolvía un plazo prudencial de 36 meses para ponerse al día con estos pagos. Este plazo finaliza este jueves 30 de mayo.
Esto supone un escenario de alta prioridad para aquellos empleadores que tuvieron contratados trabajadores de servicios generales (empleadas domésticas) afiliadas al sistema de seguridad social, pues están obligados a pagar el restante 13 % de la cotización a pensión que corresponde a los meses de abril y mayo del 2020.
Esto quiere decir que, en el caso de una empleada que devengaba un salario mínimo de ese año (980.657 pesos), deben pagarse cerca de 115.000 pesos mensuales, sumando casi 230.000 pesos por los dos meses.
Dado el caso en el que el salario estaba por encima del mínimo, el valor a pagar aumentará proporcionalmente para cumplir esta norma, aun en vigencia.
Vale la pena mencionar que las empresas que se acogieron al Decreto 558 también están obligadas a dejar sus cotizaciones al día para evitar moras. Esto se aplica a todas las entidades que decidieron por la reducción de aportes durante el confinamiento preventivo.
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